El Salvador ha sido suspendido de un grupo internacional que combate el lavado de dinero (Grupo Egmont) y el financiamiento del terrorismo, debido al veto del presidente Salvador Sánchez Cerén a una reforma que daba autonomía a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República para poder recibir, procesar, analizar y diseminar la información para prevenir o detectar el lavado de dinero.
La decisión presidencial también ha creado tensiones con Estados Unidos, que lo ha señalado como falta de voluntad en el combate a la corrupción por parte del Gobierno salvadoreño.
“Esa es una decisión que el gobierno puede votar, pero es señal (de) que no tiene compromiso de combatir la corrupción”
Jean Manes
embajadora estadounidense
Esto impedirá que la Fiscalía salvadoreña pueda pedir información sobre transacciones bancarias en el exterior de involucrados en actos de corrupción y lavado de dinero, lo que provoca la falta de acceso a información que ayude en la lucha contra la corrupción.
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